LIMA, Perú.- La propuesta de adelantar dos años las elecciones en Perú no ha surtido efecto para calmar las protestas tras la destitución del presidente Pedro Castillo. Hasta ayer, había siete muertos durante las manifestaciones y los cortes de rutas, ataques a estaciones policiales e incendios de sedes públicas y privadas del país.

La crisis política, una constante en la nación minera, cruzó las fronteras debido al apoyo brindado a Castillo por parte de los gobiernos latinoamericanos de México, Argentina, Colombia y Bolivia, lo que ha generado el enojo de la cancillería peruana.

Los manifestantes en Perú reclaman el cierre del Congreso, elecciones inmediatas, una asamblea constituyente y hasta la renuncia de Dina Boluarte, quien asumió el poder tras la expulsión de Castillo, que respondió con un intento de disolver el parlamento dominado por la oposición de derecha, cuando este órgano legislativo preparaba la tercera tentativa de juicio político al presidente.

Entre los muertos por proyectiles de armas de fuego figuran cuatro adolescentes, mientras que los heridos suman decenas, entre civiles y policías, en medio de duros enfrentamientos, principalmente en regiones del interior del país, según la Defensoría del Pueblo y reportes policiales.

La Dirección de Educación de Lima suspendió las clases presenciales ayer, para “garantizar la seguridad de estudiantes y docentes”; mientras que la Corte Superior de Justicia dijo que no atenderá al público tras sufrir ataques de “vándalos”, con piedras contra sus oficinas.

Los ministros de Defensa, Alberto Otárola, y de Interior, César Cervantes, y oficiales de alto rango de las fuerzas armadas partieron temprano desde Lima en un helicóptero a “diversas regiones del país, donde se han generado conflictos”, informó el ministerio de Defensa, en un mensaje por Twitter.

Las regiones donde hubo violentas protestas son Apurimac, Cusco y Arequipa, ubicadas en el sur y Andes del país. Según un reporte de la policía difundido por Twitter a la mañana, los bloqueos en rutas se mantienen en 13 de las 24 regiones del país.

Una estación policial en Apurimac fue atacada con explosivos improvisados y artefactos pirotécnicos “que contenían dinamita y perdigones”, lo que dejó 15 agentes heridos, dos de ellos con “pronóstico reservado”, dijo la policía en un comunicado.

El gobierno de Boluarte, que fue ministra y vicepresidenta de Castillo, cree que en algunas regiones se han infiltrados en las protestas operadores de extrema izquierda, mineros ilegales y gente vinculada al narcotráfico que busca generar el caos en el país.

“Estamos ante amenazas que han sido preparadas, planificadas”, dijo el primer ministro Pedro Angulo, a su salida al Congreso, el lunes, donde acudió para detallar las acciones para contener la crisis.

Para recuperar el orden, la presidenta Boluarte declaró el “estado de emergencia” en las zonas de “alta conflictividad”, una medida excepcional que permite al Ejército intervenir, si es necesario, e incluso, asumir el control en las zonas en protesta. (Reuters)